Se ha desempeñado como Defensor Penal Público desde el año 2015, en diferentes jurisdicciones de la Región Metropolitana, centrando su práctica en la resolución de conflictos relacionados a delitos económicos, delitos contra la propiedad, y delitos funcionarios.
Su experiencia se ha desarrollado con la intervención en procedimientos penales, superando las 2.000 audiencias ante los Juzgados de Garantía, Oral en lo Penal y Tribunales Superiores de Justicia, actuando en representación de personas naturales y jurídicas.